Tequila, Jalisco: cuando el narco gobierna y el partido defiende

La podredumbre no apareció de la noche a la mañana. Estaba ahí, a la vista de todos. Y aun así, lo apoyaron. Lo hicieron candidato, hicieron campaña y lo volvieron alcalde. El caso de Diego Rivera Navarro, presidente municipal de Tequila, Jalisco, no es una sorpresa: es la consecuencia de mirar hacia otro lado.

En su columna Indefendible, Manuel López San Martín expone un expediente que era insostenible desde mucho antes de que la Fiscalía General de la República entrara en escena. Rivera estaba señalado por vínculos con el crimen organizado, por extorsión y por operar como presunto delincuente desde el poder. Nada de eso fue obstáculo.

La lista es larga y documentada. En marzo de 2025 cerró sin autorización del Instituto Nacional de Antropología e Historia el Museo del Tequila para convertirlo en su residencia y oficinas municipales. Ordenó detener a un camarógrafo por grabar un operativo en vía pública. En mayo fue citado por la Fiscalía de Jalisco tras un concierto donde se proyectaron imágenes de Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, líder del CJNG. También enfrentaba señalamientos por violencia política de género contra regidoras.

El fiscal de Jalisco confirmó en diciembre pasado que la empresa tequilera Cuervo denunció al alcalde y a otros funcionarios por extorsión: exigían 60 millones de pesos para no clausurar instalaciones. Las extorsiones, según la investigación, eran rutina. A eso se sumaron amenazas públicas contra el periodista Jorge García Orozco, impagos de aguinaldo a trabajadores municipales y el uso de recursos públicos para fiestas partidistas y regalos con logotipos de Morena.

Rivera fue visto portando ropa de lujo y un reloj valuado en millones de pesos, mientras su declaración patrimonial no aparece en registros públicos. Abrió ilegalmente una gasolinera sin permisos federales y gastó millones en arreglar la calle que la conduce. Ante los reclamos ciudadanos, respondió con burlas.

Pero lo más grave no es el abuso, sino lo que sostiene la FGR: que el gobierno municipal de Tequila operaba como una organización criminal. Que el alcalde utilizó a la policía y a funcionarios para secuestrar y extorsionar. Que participó directamente en el secuestro de dos aspirantes a la alcaldía en 2021, a quienes levantaron y golpearon para obligarlos a renunciar. Y que, según la investigación federal, se comprometió a entregar 40 millones de pesos anuales al CJNG.

Ante todo esto, la reacción fue predecible. Rivera se escudó acusando a la oposición. Y Morena lo defendió. “Vamos a estar atentos para poder apoyarle en lo que se necesite”, dijo la dirigente estatal del partido, Erika Pérez.

Eso es lo que defendieron. A ese hombre respaldaron. No fue ignorancia: fue decisión. El caso del alcalde de Tequila no solo desnuda a un político, sino a un sistema que prefiere el poder electoral a la ética pública. Cuando todos saben y aun así apoyan, la narcopolítica deja de ser acusación y se convierte en realidad.

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