“No es una energía woke”: el otro motor energético que le compite a Vaca Muerta

Vaca Muerta suele concentrar la mayor atención del sector energético por su impacto en la generación de divisas y la reducción del costo fiscal. Sin embargo, las energías renovables destinadas a la generación eléctrica también mostraron un crecimiento exponencial en la última década. Ambos procesos tuvieron un punto en común: fueron sostenidos como políticas de Estado en los últimos cuatro gobiernos.

En 2025, la generación de energía renovable —excluidas las grandes hidroeléctricas de más de 50 MW— creció casi un 17% y alcanzó los 26.659 GWh. De este modo, su participación en la matriz eléctrica nacional pasó del 16,4% en 2024 al 18,9% en 2025. Diez años atrás, en 2015, estas fuentes representaban apenas el 1,65% del total.

El mes pasado, la generación limpia estuvo compuesta principalmente por energía eólica (66%), seguida por la solar (23,8%), la hidráulica de pequeña escala (5%), la biomasa (3,4%) y el biogás (1,7%).

“Ya no se trata de una energía woke”, coinciden en el sector, sino que es una industria que se consolidó a partir de mejoras tecnológicas y una fuerte reducción de costos, lo que la volvió rentable y competitiva.

Sin embargo, hacia delante, el ritmo de crecimiento podría moderarse. En diciembre venció el artículo de la ley que protegía a las renovables de la aplicación de impuestos provinciales. Si bien el Gobierno buscó prorrogar ese “paraguas fiscal”, la iniciativa quedó incluida en el capítulo del Presupuesto que finalmente no fue tratado. A esto se suma una limitación estructural: la falta de capacidad en las líneas de transmisión, que restringe la posibilidad de despachar nueva generación.

El punto de partida del desarrollo del sector puede ubicarse entre 2012 y 2013, cuando comenzó a debatirse la ley 27.191. La norma fue sancionada hacia el final del segundo gobierno de Cristina Kirchner con amplio consenso político y luego reglamentada por Mauricio Macri mediante el decreto 531. Desde entonces se mantuvo vigente durante los gobiernos de Alberto Fernández y Javier Milei.

“Es una de las pocas políticas públicas estructurales que se mantuvieron invariables durante más de una década. Al sancionarse, el objetivo de alcanzar un 20% de renovables en la matriz parecía irrealizable. Hoy la potencia instalada se acerca a esa meta y, en invierno, la participación sobre la generación real llega a superar el 40% o 50%”, señala Javier Constanzó, abogado especializado en energía y socio del estudio Tavarone Rovelli Salim & Miani.

En ese período, el sector logró atraer más de US$7000 millones en inversión productiva, con la participación de actores multinacionales y multilaterales, en muchos casos con apoyo del Banco Mundial. El proceso se inició con el programa RenovAr, pero una vez demostrada la competitividad del modelo, el crecimiento pasó a estar impulsado por contratos entre privados, comercializadoras y distribuidoras.

“Hacia delante, los principales desafíos pasan por avanzar en mecanismos de prórroga o protección legal de la ley 27.191 y por ampliar el sistema de transmisión, una condición indispensable para sostener el desarrollo a escala. Se trata de obras complejas y multimillonarias, con alto riesgo percibido, pero el Gobierno ya trabaja en ese esquema con apoyo multilateral y prevé lanzar el proceso durante el primer semestre del año”, dice Constanzó.

Gustavo Delbon, gerente de Riesgo, Estructuración y Mercado de Capitales de Ricsa, sostiene que la participación de las renovables seguirá creciendo, impulsada por la cantidad de proyectos en desarrollo y la prioridad de despacho. “Hay varios cientos de megavatios en distintas etapas de avance que entrarán en operación en los próximos años”, explicó, y destacó además el rol que tendrá el almacenamiento energético para compensar la intermitencia de la solar y la eólica.

Otro factor determinante que explicó el crecimiento de las renovables, aun en un contexto de restricciones de infraestructura y limitaciones en las líneas de transmisión, es la productividad que tienen en el país, con factores de capacidad excepcionales: parques eólicos con promedios del 48%, que en algunos casos de la Patagonia llegan hasta el 62%, y parques solares fotovoltaicos con factores cercanos al 36%, señala Fernando Botello, abogado de Beccar Varela y miembro de la Cámara Argentina de Energías Renovables (Cader).

“A esto se suma una industria que ha madurado en los últimos años, con mayor desarrollo tecnológico y disponibilidad de personal calificado. Además, a nivel global, las energías renovables ya son claramente competitivas en términos de costos. Más allá de cualquier discusión política coyuntural, el sector energético tiene claro que este es el camino a futuro, lo que explica que la inversión y el desarrollo continúen”, agregó.

En paralelo al crecimiento de los grandes proyectos, la generación distribuida también viene mostrando un avance sostenido en la Argentina y presenta un potencial significativo hacia delante. “Su desarrollo fue especialmente relevante a nivel provincial, con Córdoba como caso emblemático, y este mes, Buenos Aires avanzó con la reglamentación de la generación distribuida comunitaria”, señaló.

De cara a este año, por lo tanto, Botello remarca que el sector espera avances concretos en varios frentes. “Por un lado, sería clave la ampliación o prórroga de la ley 27.191. También hay grandes expectativas respecto de la implementación de los nuevos lineamientos de la Secretaría de Energía, que introducen un esquema de mayor competencia en la generación. A esto se suma la importancia de poner en marcha la licitación privada para la ampliación de las líneas de transmisión eléctrica”, concluyó.