Ley de Dosimetría en Brasil: por qué reduce la pena a Bolsonaro pero podría beneficiar también a peligrosos criminales

La semana pasada, el pleno del Senado brasileño votó con 48 votos a favor y 25 en contra el proyecto de ley de dosimetría. Como sugiere la palabra, el texto “dosifica”, alterándolos, los criterios para la aplicación de las penas en el sistema penal del país latinoamericano. El efecto inmediato, si el proyecto de ley no es vetado por el presidente Lula, será reducir las condenas impuestas a los bolsonaristas que participaron en la invasión de los edificios institucionales el 8 de enero de 2023. El principal beneficiario será, en cualquier caso, el expresidente Jair Bolsonaro, que debe cumplir una condena de 27 años y 3 meses por varios delitos, entre ellos el intento de golpe de Estado. Según el proyecto de ley de dosimetría, su pena se reduciría a 22 años y 1 mes y, sobre todo, el expresidente podría solicitar el régimen de prisión semiabierto tras cumplir unos 3 años y 8 meses. Además, este período podría acortarse aún más gracias a la deducción de días de pena por actividades de estudio y a un posible cómputo de la prisión preventiva ya cumplida, relacionada, sin embargo, con la investigación abierta después de que manipulara su tobillera electrónica de vigilancia mientras se encontraba bajo arresto domiciliario. El proyecto de ley de dosimetría entierra definitivamente el más radical, defendido con fuerza por los hijos de Bolsonaro, el de la amnistía que habría permitido a su padre incluso volver a presentarse a las elecciones presidenciales del próximo año.

La votación en el Senado fue tumultuosa. El texto del proyecto de ley llegó al pleno solo unas horas antes de la votación, con las protestas de varios senadores que reclamaban no tener el tiempo necesario para analizar el documento. La presidencia de la Comisión de Constitución y Justicia del Senado concedió solo cuatro horas para que se pudiera leer el texto. Este proyecto de ley surgió como reacción institucional al proceso llevado a cabo por el Tribunal Supremo Federal (STF) por los hechos del 8 de enero y también contra Bolsonaro y su cúpula militar y política, proceso por el que no han faltado críticas, incluso duras, en relación con la proporcionalidad de la pena. Un caso emblemático es el de la peluquera Débora Rodrigues dos Santos, también conocida como “Débora del pintalabios” porque, precisamente con su pintalabios, escribió “Has perdido, idiota” en la estatua de la Justicia, en la plaza de los Tres Poderes de Brasilia, aquel fatídico 8 de enero. El pasado mes de abril, la primera sección del STF la condenó a 14 años de prisión por asociación ilícita armada, abolición violenta del Estado de derecho democrático, golpe de Estado, daños agravados mediante violencia y amenaza grave contra la propiedad federal y deterioro del patrimonio histórico.

El proyecto de ley de Dosimetría propone cuatro modificaciones principales al sistema penitenciario y de ejecución de penas. En primer lugar, prohíbe la acumulación de condenas, es decir, la suma de las penas por delitos cometidos en el mismo contexto, y prevé una reducción de la sanción de hasta dos tercios para quienes hayan actuado en un “contexto masivo”, es decir, junto con muchas otras personas, como ocurrió precisamente en los hechos del 8 de enero, siempre que no hayan desempeñado funciones de liderazgo o financiación. Por último, restablece la norma general que permite beneficios, como la libertad anticipada tras cumplir 1/6 del tiempo de condena, y autoriza la deducción de días de pena por estudios o trabajo, incluso si el caos cumple la condena bajo arresto domiciliario.

Según el diario O Globo, el debate sobre el proyecto de ley de dosimetría habría contado con un acuerdo entre bastidores con el relator del proceso de Bolsonaro, el juez del STF Alexandre de Moraes. “Este texto es el resultado de un acuerdo entre el Gobierno de Lula, parte de la oposición y el ministro Alexandre de Moraes, entre otros jueces. Moraes ha interactuado en varias ocasiones con los senadores en defensa de este texto. En nuestro país es muy fácil crear falsos héroes; surgen todos los días”, afirmó el senador del Movimiento Democrático Brasileño (MDB) Alessandro Vieira durante el debate del proyecto de ley en la sesión de la Comisión de Constitución y Justicia, el pasado miércoles. Según Malu Gaspar, periodista de O Globo, el acuerdo también contó con el apoyo del líder del Gobierno en el Senado, Jaques Wagner, del Partido de los Trabajadores (PT), quien a cambio habría pedido a la oposición su apoyo a la propuesta de aumentar los impuestos al sector de las apuestas y las fintech.

Malu Gaspar también escribió que, según Wagner, el acuerdo se alcanzó con la oposición sin consultar al presidente Lula, que ya ha prometido vetar el texto, ni a la ministra de la Secretaría de Relaciones Institucionales, Gleisi Hoffmann. Muchos se preguntan también si este acuerdo se explica por las condiciones impuestas por la administración Trump, y que hasta ahora no se han hecho públicas, para retirar, el pasado 12 de diciembre, las sanciones impuestas al juez Moraes y a su esposa Viviane Barca de Moraes en nombre de la ley Magnitsky. La única incógnita es la decisión final de Lula. El viernes, en un acto celebrado en San Pablo, el presidente brasileño dijo: “Vetaré esta ley. Debemos enseñar a estas personas el respeto. Deben aprender que, en una democracia, gana quien tiene más votos. En una democracia, quien gana, gobierna”. Pero luego añadió: “Si quieren, que anulen mi veto”. Según CNN Brasil, el gobierno ya prevé que el veto presidencial será anulado en la Cámara de Diputados.

Sin embargo, si el proyecto sobre dosimetría se convierte en ley, más allá del impacto político surge otra preocupación, la social, relacionada con la seguridad. Al modificar la Ley de Ejecución Penal, el PL de Dosimetría hace que el régimen penitenciario sea mucho más suave en comparación con la Ley Antifacciones, aprobada pocos días antes, que endurece las penas para los miembros de facciones, hasta 60 años para los líderes, con la posibilidad de llegar a 120, endurece las progresiones del régimen y obliga a los líderes a cumplir la pena en prisiones federales.

El proyecto de ley de Dosimetría, por el contrario, va en una dirección completamente opuesta, ya que reduce drásticamente el tiempo en régimen cerrado antes de la progresión al régimen semiabierto. De ello se beneficiarán los líderes de las principales organizaciones criminales, como Marcos Willians Herbas Camacho, conocido como Marcola, del Primer Comando de la Capital (PCC), André do Rap, también del PCC, y Fernandinho Beira-Mar, del Comando Vermelho, pero también las milicias paramilitares de Río de Janeiro y los autores de crímenes atroces con muerte y feminicidios que la ley Antifacción, por el contrario, sofocaba penalmente. En lugar del 70-85% de la pena en régimen cerrado previsto por la Ley Antifacción (dependiendo de la gravedad y la reincidencia), el PL de Dosimetría reduce los porcentajes a valores mucho más bajos: 50%, 55% o, como máximo, 60-70%. Al igual que podría ocurrir con los condenados el 8 de enero, “sobre la base del principio de analogía in bonam partem, cientos de miles de delincuentes condenados por delitos múltiples, es decir, cuando se suman las condenas, se beneficiarán del recálculo de sus condenas, con la consiguiente reducción de las mismas”, denunció en sus redes sociales el fiscal Vladimir Aras. Según los expertos, una posible ley sobre dosimetría podría complicar y dificultar aún más la situación que vive Brasil en términos de crimen organizado y su contención por parte de la justicia.

A principios de diciembre, la Justicia de San Pablo archivó, por prescripción, el mayor proceso penal jamás iniciado contra el Primer Comando de la Capital (PCC). El proceso se inició en 2013 con una denuncia contra 175 personas acusadas de asociación criminal con el PCC. Entre los acusados se encontraban Marcola y otros líderes de la facción. Lo que ocurrió es que el proceso permaneció prácticamente paralizado durante más de una década, sin audiencias sustantivas y con 14 acusados que ni siquiera fueron citados. Así, el pasado 2 de diciembre, el juez Gabriel Medeiros, de la 1ª Vara de Presidente Venceslau, en el estado de San Pablo, tuvo que reconocer la prescripción del proceso, ya que el Estado había superado el plazo de 12 años para juzgar el caso, que vencía en septiembre de 2025. La principal consecuencia es que Marcola y otros destacados miembros del PCC han sido absueltos debido a la lentitud de la burocracia brasileña. Sin embargo, Marcola permanece en prisión en un penitenciario federal de máxima seguridad, ya que debe cumplir otras condenas acumuladas superiores a 300 años por otros delitos como homicidios, tráfico de drogas y robos, y la prescripción no afecta a sus penas actuales. Rafael Alcadipani, profesor de la Fundación Getúlio Vargas (FGV), declaró al diario O Estado de São Paulo que el caso pone de manifiesto la “lentitud y la falta de coordinación” en la lucha contra el crimen organizado. “Algo así nunca debería haber ocurrido. Es extremadamente grave”, concluye Alcadipani.