Perú: una inestabilidad sostenida

En un nuevo capítulo de la inestable política peruana, el Congreso, con 75 votos a favor, 24 en contra y 3 abstenciones, destituyó al presidente interino José Jerí, luego de que la fiscalía le abrió en enero una investigación por presunta corrupción a raíz de las reuniones que mantuvo con dos empresarios chinos por inconducta funcional y falta de idoneidad para ejercer el cargo.

Inexplicablemente, y a pesar de los cargos en su contra por los cuales fue destituido, Jerí volvió a ocupar su escaño en el Congreso de Perú y participó en la votación clave que eligió a su sucesor en el cargo de presidente de la República. La razón de tan inconcebible situación se encuentra en el artículo 95 de la Constitución peruana y el artículo 15 del reglamento, que dicen que el cargo de congresista es irrenunciable. Cuando termine su mandato le esperan múltiples juicios penales, algo habitual en los líderes depuestos en Perú.

El sucesor de Jerí, José María Balcázar, abogado y exjuez, fue elegido presidente del Congreso y asumió la presidencia de la República hasta el 26 de julio, cuando tome posesión el mandatario que sea elegido en los comicios presidenciales del 12 de abril o en una probable segunda vuelta prevista para junio de este año. El nuevo mandatario, de 83 años y miembro del partido Perú ​Libre, ha sido investigado por apropiación indebida de fondos y presunta corrupción.

En junio de 2023, Balcázar causó gran polémica en su país al declarar que “las relaciones sexuales tempranas ayudan al futuro psicológico de la mujer”, durante una reunión del Congreso que debatía un dictamen para impedir el matrimonio con menores de edad. En abril de 2025, el Ministerio Público lo incluyó, como presunto responsable de los delitos de cohecho. A pesar de estos antecedentes fue elegido por sus pares entre cuatro candidatos.

La inestabilidad política está casi institucionalizada en Perú: en los últimos diez años, ha tenido ocho presidentes. Desde la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski en 2018 por corrupción, le siguieron Martín Vizcarra (destituido en 2020), Manuel Merino (duró cinco días), Francisco Sagasti (interino hasta 2021), Pedro Castillo (destituido y encarcelado en 2022 tras intentar disolver el Congreso), Dina Boluarte (expulsada en medio de escándalos), José Jerí (destituido semanas atrás) y ahora José María Balcázar. El cargo presidencial se ha transformado en una silla eléctrica que nadie conserva por más de unos meses sin que estalle una nueva crisis.

En medio de esta volatilidad política, a la que se añade una escalada de inseguridad nunca vista, un acelerado deterioro de los servicios públicos y una enorme percepción de corrupción pública, la economía peruana sigue avanzando con una resiliencia envidiable pero que al mismo tiempo inspira a los demás países de la región. Ello se debe, en buena parte, a la independencia y separación de las instituciones económicas de los poderes del Estado que han logrado distanciarse y blindarse de la agenda cortoplacista de la política del país.

El Banco Central de la Reserva del Perú es un ancla para la estabilidad política ante las tormentas de la política. La entidad rectora de la estabilidad monetaria es manejada desde 2006 por Julio Velarde, que ha sido ratificado por todos los presidentes desde entonces. Su control firme de la inflación y la política cambiaria ha logrado que la economía se mantenga en una sostenida senda de crecimiento y ajena a los vaivenes de la política.

Desde 2016 Perú sufre una crisis de inestabilidad institucional caracterizada por un Poder Legislativo dominante sobre un Ejecutivo débil. El Congreso actual, que cuenta con niveles de impopularidad que llegan al 97%, es una entidad invencible que se maneja según sus propios intereses, que no necesariamente son los del resto de los peruanos. Es harto entendible el hastío de la ciudadanía peruana, que siente una desconexión total con respecto a las élites que manejan la política en el país.

En marzo de 2024 el Congreso aprobó una reforma constitucional para restablecer el sistema bicameral, abolido durante la presidencia de Alberto Fujimori, que entrará en vigor a partir de las elecciones presidenciales que se llevarán a cabo en abril. La Cámara de Diputados tendrá 130 miembros, elegidos por un período de cinco años en tanto el Senado tendrá 60 miembros, también por un período de cinco años.

Perú requiere una profunda concertación entre todos los sectores de la vida institucional y así encontrar un camino de salida a las crisis recurrentes que padece. Es de esperar que, a partir del resultado de las elecciones presidenciales, se logre una perdurable estabilidad política que permita dejar atrás la peligrosa espiral de incertidumbre e ingobernabilidad, que lejos de detenerse o moderarse, no ha dejado de acentuarse.