La familia Neuss, los dueños de Havanna y los de Newsan buscan quedarse con un negocio estratégico

El próximo 23 de marzo, el Gobierno abrirá las ofertas para la venta del 50% de la Compañía Inversora en Transmisión Eléctrica (Citelec), la sociedad que controla a Transener, por la cual se espera recaudar alrededor de US$200 millones.

Transener opera el 85% de la red de líneas de alta tensión del país y supervisa el 15% restante. Entre los interesados en adquirir la participación figura el grupo Edison Energía, según pudo saber LA NACION, que en los últimos dos años consolidó una fuerte expansión en el sector eléctrico.

Edison Energía es un vehículo inversor integrado por los hermanos Patricio y Juan Neuss —cercanos al asesor presidencial Santiago Caputo—; los socios del fondo Inverlat (Carlos Giovanelli, Damián Pozzoli, Guillermo Stanley y Federico Salvai), propietario de compañías como Havanna y Aspro, y los empresarios Rubén Cherñajovsky y Luis Galli, del Grupo Newsan.

En marzo de 2025, el grupo adquirió un paquete de activos que incluía la Empresa de Distribución Eléctrica de Tucumán (EDET), la Empresa Jujeña de Energía (Ejesa), la transportista Líneas de Transmisión del Litoral (Litsa) y la central hidroeléctrica Potrerillos, en Mendoza. Más tarde, a fines de ese año, se quedó con dos de las cuatro represas del Comahue concesionadas por el Gobierno por 30 años —Alicurá y Cerros Colorados— por un total de US$226 millones.

En cuanto a Transener, el Estado mantiene una participación indirecta del 26,32% a través de Energía Argentina (Enarsa), que posee el 50% de Citelec junto con Pampa Energía, la compañía fundada por Marcelo Mindlin. A su vez, Citelec controla el 52,64% de las acciones clase A de Transener. El resto del capital se distribuye entre la Anses (19,57%) y el capital que cotiza en la Bolsa porteña (27,79%).

Transener tiene a su cargo la operación y el mantenimiento de 15.000 kilómetros de líneas de extra alta tensión de 500 kV, que constituyen la columna vertebral del sistema eléctrico nacional.

El director general de la compañía, Pablo Tarca, advirtió el año pasado, durante una audiencia pública, sobre el creciente estrés del sistema. “La demanda de electricidad creció 117% entre 2002 y 2024, mientras que el sistema de transporte se expandió apenas 54%. Desde el punto de vista cuantitativo, el diagnóstico es claro: tenemos un sistema fuertemente saturado”, señaló. Según explicó, la sobrecarga incrementa los costos de mantenimiento, ya que el equipamiento opera con mayor exigencia y las tareas deben realizarse mayormente fuera del horario habitual, lo que encarece los trabajos.

El congelamiento tarifario y los mecanismos de actualización discrecional aplicados en las últimas décadas impactaron negativamente en el sector, que se mantiene en emergencia económica desde 2002, con excepción del período 2017-2019. La concesión de Transener comenzó en 1993 y, desde entonces, en 20 de los últimos 33 años el sistema operó bajo esquemas de emergencia, lo que restringió las inversiones y redujo la rentabilidad.

En paralelo, el Gobierno aún tiene pendiente la licitación para ampliar la red de alta tensión, cuyo actual nivel de saturación genera un cuello de botella que limita la expansión de la generación eléctrica.

Las obras previstas son tres. La primera es AMBA I, destinada a reforzar el abastecimiento en el Área Metropolitana de Buenos Aires, donde se concentra el 40% del consumo eléctrico del país. La segunda es la línea de 500 kV Río Diamante – Charlone – O’Higgins, un corredor clave para evacuar generación renovable y convencional de la región de Cuyo y canalizar parte de la energía del Comahue. La tercera es la línea de 500 kV Puerto Madryn – Choele Choel – Bahía Blanca, que mejorará la vinculación entre la Patagonia y el sistema troncal.

En conjunto, estos tres proyectos demandarán una inversión superior a US$1900 millones. El financiamiento estará a cargo de las empresas adjudicatarias, que también asumirán la construcción, operación y mantenimiento de las líneas. La inversión se recuperará mediante un canon que se cobrará a los usuarios beneficiarios a través del esquema tarifario, una vez que las obras entren en funcionamiento.