La vicepresidenta de Filipinas, Sara Duterte, lanzó su candidatura presidencial para 2028

La vicepresidenta de Filipinas, Sara Duterte, anunció que se postulará a la presidencia del país en 2028. Duterte, quien mantiene una disputa con el presidente Ferdinand Marcos Jr., enfrentó un proceso de juicio político el año pasado que fue desestimado por la Corte Suprema por cuestiones de procedimiento.

“Ofrezco mi vida, mi fuerza y mi futuro al servicio de nuestra nación”, expresó durante el anuncio de su candidatura. “Soy Sara Duterte. Me presentaré como candidata a la presidencia de Filipinas”, declaró.

Hija del ex presidente Rodrigo Duterte, la segunda del Ejecutivo acusó a Marcos de corrupción y de no cumplir con los compromisos asumidos durante la campaña, tras la alianza que les permitió una victoria contundente en las elecciones presidenciales de 2022.

“En los primeros meses de nuestro mandato, ya vi la falta de sinceridad de Marcos Jr. respecto a las promesas hechas durante la campaña, así como su deber jurado hacia la nación”, señaló.

A principios de mes, miembros del clero filipino presentaron una denuncia contra Duterte, la tercera en poco más de una semana. De acuerdo con la Constitución de Filipinas, un proceso de impeachment implica un juicio en el Senado y, en caso de veredicto condenatorio, impediría a Duterte participar en la política y en las elecciones presidenciales de 2028.

Las relaciones entre las familias Marcos y Duterte se deterioraron notablemente desde marzo de 2025, en el contexto de las elecciones generales de mitad de mandato. Sara Duterte, hija del expresidente Rodrigo Duterte, sostuvo que es blanco de un complot para asesinarla. La disputa política se agudizó en junio y derivó en la renuncia de Duterte a su cargo como ministra de Educación.

En ese contexto, el presidente de Filipinas retiró a la vice de su lugar en el Consejo de Seguridad Nacional. Marcos justificó la medida como parte de una “reorganización” del consejo, orientada a asegurar que sus integrantes contribuyan a la protección y soberanía del país.

“La vicepresidenta no es considerada una figura relevante a la hora de cumplir con sus responsabilidades en el consejo”, indicó Lucas P. Bersamin, secretario presidencial, en un comunicado.

El documento oficial señala que la reorganización buscó fortalecer la capacidad institucional para adaptarse a nuevos desafíos. El presidente tendrá la facultad de designar a otros altos funcionarios o incluso ciudadanos para ocupar el puesto si lo considera necesario.

Sara Duterte y el caso de su padre en La Haya

Cabe recordar que la vicepresidenta acusó al Tribunal Penal Internacional (TPI) de “secuestrar” a su padre, en el marco de un mitin al que asistieron cientos de simpatizantes de la familia.

Duterte respaldó la versión de su padre, quien desde La Haya calificó lo sucedido como “una caza de brujas”. La vicepresidenta denunció que la corte internacional “sustrajo de forma forzosa” a Rodrigo Duterte de Filipinas, en lugar de permitir que “fuera juzgado” en su país de origen.

“Lo que han hecho es forzarlo a abandonar el país y llevarlo a La Haya con una simple orden de arresto”, afirmó. La integrante del gobierno filipino subrayó que “ni siquiera ha tenido que presentarse ante el tribunal en Filipinas” y defendió que “los acusados tienen derechos en este país”.

“Lo que han hecho es secuestrarlo. Es un abuso”, declaró Duterte, en medio de las críticas de su familia por la “falta de legitimidad” del proceso iniciado por el TPI.

Un panel médico designado por la Sala Primera de lo Preliminar del TPI realiza revisiones periódicas al ex mandatario Duterte. Este grupo de especialistas determinó la capacidad del ex presidente de participar en los procedimientos judiciales que lo involucran en presuntos crímenes cometidos durante su gestión.

El TPI anunció el 26 de enero pasado que la audiencia de confirmación de cargos se celebrará el 23 de febrero, fecha en la que se reanudará el proceso. La sala concluyó que Duterte, de 80 años y recluido en La Haya desde marzo de 2025, conserva plenas facultades para ejercer sus derechos procesales y tomar parte activa en las etapas previas al juicio.

(Con información de AFP)