Una iniciativa legislativa presentada en el Senado de Estados Unidos plantea la creación de un ente externo dedicado a vigilar las actividades del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés). El objetivo es establecer mecanismos de control directos sobre ambas agencias tras denuncias sobre procedimientos cuestionados.

“Perro guardián”: la comisión que vigilaría las actividades de las agencias federales

El proyecto, impulsado por los senadores Elizabeth Warren y Chris Coons, propone una comisión con independencia funcional respecto del Poder Ejecutivo. Según la iniciativa, el organismo denominado “watchdog” reportaría de manera directa al Congreso.

Esta medida surge en un contexto de reclamos por mayor supervisión sobre el sistema de control migratorio federal. Legisladores y organizaciones sostienen que los mecanismos internos actuales no alcanzan para garantizar el cumplimiento de las normas vigentes.

“Tras el asesinato a tiros de ciudadanos estadounidenses por parte de agentes de inmigración de la administración Trump, el pueblo estadounidense exige rendición de cuentas”, dijo Warren en un comunicado oficial. Y agregó: “Este nuevo proyecto de ley creará el organismo de control independiente más riguroso para frenar de inmediato el terrorismo del ICE”.

El ente estaría encabezado por un director ejecutivo responsable de coordinar al personal encargado del monitoreo cotidiano. Los integrantes serían seleccionados mediante acuerdo entre representantes de la mayoría y la minoría parlamentaria.

De acuerdo con el texto propuesto, el diseño institucional pretende dotar al Congreso de una herramienta permanente para evaluar la aplicación de la ley migratoria y verificar el respeto a los derechos civiles durante los operativos.

“Nuestro proyecto de ley es el siguiente paso para garantizar que la aplicación de la ley migratoria estadounidense se ajuste a las leyes y los valores de nuestro país”, aseguró Coons.

“Como hemos visto en comunidades de todo EE.UU., las comisiones independientes de supervisión para la aplicación de la ley funcionan, y es de sentido común que quienes aplican nuestras leyes migratorias cumplan con los mismos estándares”, remarcó.

El poder que tendría “Perro Guardián”

El organismo tendría autoridad para ingresar a centros de detención sin aviso previo y observar procedimientos en el terreno. También podría acompañar patrullas y revisar material audiovisual proveniente de cámaras corporales utilizadas por los agentes.

Además, se contempla el acceso a archivos gubernamentales, informes internos y registros de denuncias presentadas por ciudadanos. Este acceso integral busca reconstruir el funcionamiento operativo de las agencias bajo supervisión.

En caso de que funcionarios federales se nieguen a colaborar, la comisión contaría con potestad para emitir citaciones obligatorias. Dichas órdenes permitirían requerir testimonios y documentación relevante para las investigaciones.

Capacidad de acción legal y sanciones propuestas contra las acciones del ICE y la CBP

La propuesta no limita el rol del ente a tareas de observación. También le otorga herramientas para intervenir cuando detecte incumplimientos de la normativa federal o de decisiones judiciales.

Entre estas facultades se incluye:

• Posibilidad de iniciar demandas civiles con el fin de obtener medidas correctivas dictadas por tribunales.
• Solicitar órdenes judiciales destinadas a modificar prácticas consideradas ilegales.
• Sanciones económicas significativas para las agencias que persistan en el incumplimiento. Las multas podrían alcanzar los US$500 mil por cada día de desacato a las disposiciones establecidas.

Cuando se identifiquen conductas que puedan constituir delitos, la comisión estaría habilitada para remitir los antecedentes al Departamento de Justicia de EE.UU. o a fiscales estatales competentes. De este modo, el organismo funcionaría como puente entre la supervisión legislativa y la persecución penal.

Otra obligación prevista es la publicación periódica de informes abiertos al público. Estos reportes incluirían datos sobre operaciones, denuncias recibidas y recomendaciones de reformas administrativas.

El proyecto también contempla la creación de un portal digital donde los ciudadanos puedan presentar quejas y acceder a estadísticas actualizadas. La intención es ampliar el control social sobre las actividades de las agencias migratorias.

“El Senado debe actuar ahora para detener la violencia de ICE, y cualquier nueva restricción a la financiación del DHS debe tener un impacto tan fuerte como este nuevo monitor independiente para hacer cumplir la ley”, agregó Warren.