CIDH admite recurso del PAN para revisar reformas morenistas

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Explicó que la queja fue presentada mediante el mecanismo de supervisión de cumplimiento de sentencias, al considerar que las reformas constitucionales y legales aprobadas en 2024 y 2025 —en materia judicial, Ley de Amparo, Guardia Nacional y denominada supremacía constitucional— podrían contradecir obligaciones previamente establecidas por la Corte Interamericana en resoluciones emitidas contra el Estado mexicano.

“Nos contestaron a los dos meses, con una rapidez para un organismo internacional, inusitado”, presumió el legislador panista.

Según el escrito, la acción fue promovida por el diputado federal del PAN, Germán Martínez Cázares, junto con los juristas Rafael Estrada Michel y Juan Marcos Gutiérrez González Irigoyen.

Y en ella se plantea que las reformas recientes deben analizarse bajo los estándares de tutela judicial efectiva, independencia judicial y control de convencionalidad, particularmente en lo relativo al alcance del juicio de amparo, la reorganización del Poder Judicial y la incorporación de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional.

Por lo que la revisión internacional en curso buscará determinar si los nuevos diseños normativos se mantienen dentro de esos estándares o si comprometen las obligaciones internacionales vigentes que tiene el Estado mexicano.

“La reforma judicial está sujeta a juicio internacional, lo quiera o no Morena, el gobierno, no va a poder  que de este asunto se van a zafar fácilmente”, añadió Germán Martínez.

Según el PAN, la admisión de este escrito confirma que el debate trasciende el ámbito parlamentario interno, pues aunque las reformas constitucionales pueden ser aprobadas por mayorías legislativas, “no pueden desconocer los compromisos internacionales asumidos por el Estado mexicano ni debilitar los mecanismos de control constitucional que protegen a los ciudadanos”.

En su acuerdo notificado el 2 de febrero de 2026, la Secretaría General de la Corte IDH determinó tener por recibido el escrito presentado por los promoventes; admitirlo en calidad de amicus curiae, es decir, como la intervención formal de un tercero con interés legítimo que aporta argumentos jurídicos para que la Corte analice si las reformas impugnadas cumplen con las obligaciones internacionales del Estado mexicano.

Además de incorporarlo a la fase de supervisión de cumplimiento; y aviso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a los representantes de las víctimas en los casos vinculados y al Estado mexicano, para que formulen las observaciones correspondientes.