Los audios de la banda que extorsionó al soldado que se suicidó en la Quinta de Olivos

La voz, en tono imperativo, era convincente. De fondo se escuchaban modulaciones, como una frecuencia policial. “¿Para vos cuánto vale tu libertad?“, le espetó, de pronto, a su interlocutor la persona que se había presentado como subteniente de una Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de la Policía de la provincia de Buenos Aires. Le prometía dar una mano y cerrar el caso, una supuesta denuncia de una madre de una adolescente con la que había intercambiado mensajes. ”Te puedo dar una mano", agregó el que decía ser detective. Y agregó: “Te puedo sacar limpio de esto, pero si lo querés cerrar en buenos términos tiene un costo económico. Una mano lava la otra y con las dos nos lavamos la cara. Decime con cuánto contás ahora en una billetera virtual o cuenta bancaria para realizar una transferencia. Pone los pies en la tierra, tu libertad está en juego y está en mis manos”.

El que hablaba no era un subteniente de la policía bonaerense, era el supuesto líder de una banda de extorsionadores, conocida como la Pyme del delito y que entre sus víctimas estuvo Rodrigo Gómez, el sargento del Ejército que el 16 de diciembre pasado se suicidó de un balazo en la cabeza en la Quinta de Olivos, donde prestaba servicio.

El audio, al que tuvo acceso LA NACION, forma parte de las pruebas incorporadas al expediente que tramita la jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado, que permitió desbaratar a la organización criminal, liderada por dos delincuentes que estaban detenidos en la cárcel de Magdalena, dependiente del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPF). Un tercer cómplice estaba preso en la unidad penitenciaria de Lisandro Olmos, en La Plata.

La voz que le decía a su interlocutor, otra víctima de la banda, que su libertad estaba en sus manos fue identificada por detectives que participan de la investigación como la de Tomás Francavilla, de 21 años, uno de los sindicados líderes de la banda.

Los estafadores, según informó la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, en una conferencia de prensa, creaban perfiles falsos de mujeres en una app de citas y cuando un joven comenzaba a interactuar le hacían creer que “su enamorada” era menor de edad y después recibía llamadas de un supuesto policía para exigirle dinero para “cajonear” la denuncia de la “madre de la víctima”.

“Quien diría que entrar a una app de citas me traería muchos problemas. Estoy con problemas legales y muchas deudas. Nunca pensé que mi vida iba a terminar así, no le tengo miedo a la muerte, sí respeto. Tengo miedo de decepcionarlos”, escribió en la carta de despedida el soldado Gómez, que se suicidó el 16 de diciembre pasado.

“A medida que se pudo avanzar en la investigación se determinó que detrás de la manipulación extorsiva había tres delincuentes que estaban detenidos en cárceles del Servicio Penitenciario Bonaerense”, dijo la ministra Monteoliva.

Según pudo saber LA NACION, fueron varias las transferencias que hizo el soldado a cuentas de billeteras virtuales. “La extorsión fue por $1.400.000, mucho dinero para él”, dijo un detective que participó de la investigación.

Un día antes de que Gómez se quitara la vida, recibió varias llamadas. Primero no atendió. Era el mediodía del 15 de diciembre pasado. A las 17.34 hubo una comunicación de diez minutos de duración con una línea telefónica de La Plata.

Una vez finalizada la comunicación, el soldado envió el comprobante de una transferencia por $213.000. Pocos minutos antes de las 18 hizo otra operación por $400.000 y a las 18.38 otra más por $500.000, así consta en documentación a la que accedió LA NACION.

Al día siguiente, a la madrugada, cuando Gómez ya estaba muerto, recibió un mensaje de WhatsApp que decía: “No veo el comprobante” y, entre las 9.05 y las 9.22 recibió tres llamadas desde la citada línea radicada en La Plata.

Además de los tres sospechosos alojados en la cárcel de Magdalena y en la unidad penitenciaria de La Plata, en las últimas horas hubo otros cuatro detenidos que serán indagados en las próximas horas por la jueza Arroyo Salgado.

De la investigación participaron la División Homicidios, que depende de la Superintendencia Federal de Investigaciones de la Policía Federal Argentina (PFA) y el Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la misma fuerza de seguridad.

“Gracias al trabajo estratégicamente coordinado —entre la Justicia Federal de San Isidro y la División Homicidios de la Policía Federal— hoy el Estado argentino puede decir, con firmeza y con sustento, que esta muerte violenta no fue un hecho inexplicable y que no es un hecho que quedará impune”, dijo la jueza Arroyo Salgado.

La ministra Monteoliva sostuvo: “Un teléfono celular en la mano de un delincuente que está preso es permitirle que tenga un arma en la celda. No se puede permitir en ninguna cárcel del país”.