¿Hay que prohibir las redes sociales para los menores?

Australia puso en vigencia desde el 10 de diciembre de 2025 un régimen que, en los hechos, posterga el acceso con cuenta a redes sociales para menores de 16 años y traslada la carga de cumplimiento a las plataformas. El cambio reabrió una discusión global: si el problema es de salud pública y diseño de producto, ¿alcanza con “educación digital” o se necesita una restricción por ley? 

Australia: no es una sanción al menor, es una obligación para la plataforma

El núcleo de la norma australiana no castiga a adolescentes ni a familias. Define que los servicios alcanzados deben tomar “medidas razonables” para evitar que menores de 16 años creen o mantengan cuentas. La autoridad pública relevante para la implementación es la eSafety Commissioner, que además publica guías para la industria. 

El incentivo es contundente. La legislación prevé sanciones civiles que pueden llegar a 150.000 unidades de penalidad, equivalentes a A$ 49,5 millones (unos US$ 33 millones, según el tipo de cambio de referencia habitual en coberturas internacionales). La presión no es simbólica: obliga a discutir tecnologías y procesos de aseguramiento de edad (age assurance) a escala. 

Australia intentó anticipar el principal contraargumento de la industria (la dificultad técnica de verificar edad sin vulnerar privacidad). El gobierno impulsó un Age Assurance Technology Trial y, en paralelo, el regulador de privacidad (OAIC) publicó orientación específica sobre el tratamiento de datos personales en este marco. El mensaje regulatorio es consistente: la verificación no se impone con una única tecnología, pero la omisión ya no es una opción. 

Francia: mayoría digital a los 15, pero con fricción europea

En Francia existe desde 2023 una ley que busca instaurar una “mayoría digital” a los 15 años para inscribirse en redes sociales sin autorización. El texto incluye obligaciones vinculadas a verificación de edad y mecanismos asociados al consentimiento parental, además de herramientas de control del tiempo de uso. 

Sin embargo, la aplicación práctica quedó condicionada por la relación con el derecho europeo. Distintas instancias parlamentarias y de seguimiento señalan obstáculos vinculados a compatibilidad normativa y a la falta de decretos de implementación, en un contexto donde la Unión Europea ya cuenta con marcos propios (como el DSA) que inciden sobre cómo se regulan plataformas a nivel nacional. 

El caso francés suele citarse como evidencia de una tensión estructural: cuando el mercado es regional (UE) y las plataformas operan con reglas transfronterizas, una política nacional fuerte puede chocar con el régimen supranacional. Esa tensión explica por qué París insiste en la necesidad de una respuesta armonizada a escala europea. 

Reino Unido: foco en contenido dañino y verificación de edad, no en una prohibición general

El Reino Unido adoptó un enfoque distinto. La Online Safety Act no establece una prohibición general por edad para redes sociales, pero sí impone deberes amplios de protección y mecanismos de aseguramiento de edad para impedir el acceso de menores a contenidos particularmente dañinos. La implementación combina obligaciones legales y regulación técnica con Ofcom como actor central. 

En julio de 2025, el gobierno británico comunicó nuevas exigencias vinculadas a controles de edad para restringir material de alto riesgo (por ejemplo, pornografía y contenidos que incentiven autolesiones). El punto es relevante para el debate: se regula el “qué” (contenido) y el “cómo” (mecanismos), más que el “quién” (una exclusión por cuenta). 

China: restricciones duras y arquitectura estatal de control

China ofrece un antecedente de regulación estricta, aunque en un ecosistema político y tecnológico diferente. En 2021, la autoridad de prensa y publicaciones (NPPA) dispuso límites severos para videojuegos online en menores: solo una hora entre 20:00 y 21:00, viernes, sábados, domingos y feriados, y con exigencia de registro con nombre real y verificación de identidad. 

Luego, el país avanzó con un marco más amplio: el Consejo de Estado aprobó un reglamento de protección de menores en el ciberespacio, vigente desde el 1 de enero de 2024, que asigna responsabilidades a organismos públicos y fija obligaciones a proveedores de servicios digitales para prevenir adicciones y reducir riesgos. En documentos oficiales, aparece la idea de “modo para menores” y medidas específicas para productos con potencial de uso compulsivo. 

La lección china es doble. Por un lado, muestra que la limitación por norma puede ejecutarse cuando existe un sistema nacional de identidad digital y control de cumplimiento. Por el otro, plantea interrogantes sobre privacidad, discrecionalidad y compatibilidad con estándares liberales de derechos. 

Malasia: prohibición anunciada y eKYC como herramienta de ejecución

Malasia anunció que busca prohibir cuentas de redes sociales para menores de 16 años a partir de 2026, y en comunicaciones oficiales aparece como objetivo de política pública la implementación de verificación de identidad por mecanismos de eKYC (con enfoque de “conozca a su cliente”, aplicado al entorno digital). 

El punto de interés es el instrumento: si el vector regulatorio se apoya en identificación formal, el debate se desplaza a gobernanza de datos, ciberseguridad y riesgos de exclusión (por ejemplo, qué ocurre con quienes no tienen documentación o con registros imperfectos). A la vez, el anuncio confirma que la tesis australiana —responsabilidad de plataforma y edad mínima elevada— empezó a exportarse como modelo. 

El dilema de fondo: salud pública, derechos y el costo de verificar

La discusión sobre “prohibir” suele simplificar un problema que, en realidad, tiene tres planos. El primero es sanitario y educativo: la evidencia sobre bienestar, sueño, atención y socialización empuja a limitar diseños adictivos y exposición temprana. El segundo es jurídico: libertad de expresión, derecho a la información y autonomía progresiva del menor. El tercero es tecnológico: la verificación de edad puede terminar forzando esquemas de identificación que aumenten la recolección de datos sensibles.

Australia intentó resolver el triángulo con una fórmula pragmática: “medidas razonables” sin imponer una tecnología única, más guías regulatorias y orientación de privacidad. La debilidad potencial es conocida: la elusión (identidades falsas, uso de VPN, cuentas prestadas). El propio diseño oficial admite el riesgo de “consecuencias no deseadas” y plantea que el cumplimiento real dependerá también de un cambio cultural y de coordinación social. 

En ese contexto, la pregunta del título admite una respuesta institucional menos binaria: más que prohibir “redes sociales”, varios países están convergiendo hacia un paquete regulatorio que combina edad mínima, exigencias de verificación, límites a funcionalidades y responsabilidades explícitas por diseño y moderación.

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