MANILA, Filipinas – El Sandiganbayan ha declarado culpable a la empresaria Janet Lim Napoles en otro caso de malversación de fondos públicos y la ha condenado a dos términos más de reclusión perpetua. El tribunal anticorrupción también condenó a otros cinco vinculados al esquema.

En un fallo de 165 páginas el viernes 5 de diciembre, la 3ª División del tribunal anticorrupción determinó que conspiraron con un congresista para desviar más de 40 millones de pesos del Fondo de Asistencia para el Desarrollo Prioritario hacia proyectos falsos gestionados por fundaciones vinculadas a Napoles.

El representante de Benguet, Samuel Dangwa, acusado en el caso, falleció en 2019, lo que llevó a la desestimación de los cargos contra él. El juicio continuó contra sus coacusados.

La presidenta de la Corporación Nacional de Desarrollo de Medios de Vida, Gondelina Amata, fue condenada a reclusión perpetua por malversación y seis años por corrupción.

El ex subdirector general del Centro de Recursos Tecnológicos, Dennis Cunanan, recibió un término por malversación, más 12 años por malversación y 18 años por corrupción.

La ex gerente de grupo del TRC, Ma. Rosalinda Lacsamana, fue condenada a 10 años por malversación y seis años por corrupción.

Mylene Encarnacion, presidenta de la Fundación para el Desarrollo Económico Rural y Agrícola Nacional, fue condenada a reclusión perpetua, dos años por malversación y 12 años por corrupción.

El miembro del personal del Congreso, Erwin Dangwa, recibió 10 años por malversación y seis años por corrupción.

El Sandiganbayan, en la decisión redactada por el Juez Asociado Ronald Moreno, con la concurrencia de los Jueces Asociados Edgardo Caldona y Arthur Malabaguio, condenó a Napoles por seis cargos de malversación de fondos públicos y seis cargos de violación de la Ley de Prácticas Anticorrupción.

El tribunal citó testimonios clave del denunciante Benhur Luy, la auditora Agnes Alfafaras y el subdirector del Consejo Contra el Lavado de Dinero, Alvin Bermido, quienes rastrearon las transacciones y ayudaron a los investigadores a seguir el rastro del dinero.

Napoles recibió reclusión perpetua por dos cargos de malversación que involucraban 10 millones y 9 millones de pesos, superando el umbral de 8,8 millones para la pena máxima. Fue condenada de 10 a 17 años por otros cuatro casos de malversación.

Por los seis cargos de corrupción, fue condenada de seis a 10 años por cada cargo.

El tribunal también impuso multas de hasta 44 millones de pesos por los casos de malversación y le ordenó pagar la misma cantidad a la Oficina del Tesoro como responsabilidad civil, con un interés del 6% desde la firmeza de la decisión.

El tribunal dio plena credibilidad al testimonio de Luy, diciendo que no había evidencia de que el denunciante Benhur Luy actuara con motivos impropios o que Napoles lo hubiera acusado de irregularidades.

El Sandiganbayan dijo que el testimonio de Bermido mostró que las transacciones bancarias coincidían con los pagos registrados en el libro mayor de Luy y acreditados en las cuentas de los acusados.

Señaló que tales movimientos de fondos tuvieron lugar durante el mismo período en que supuestamente se entregaron pagos de comisiones al congresista y mientras se procesaba una Orden Especial de Liberación de Asignaciones (SARO).

Un SARO es un documento emitido por el Departamento de Presupuesto y Gestión que autoriza a una agencia gubernamental a recibir y gastar fondos para un proyecto específico.

"Tomados en conjunto, estos hechos apuntan a una conclusión clara: los fondos destinados a programas agrícolas legítimos fueron desviados para sobornos. Por lo tanto, está claro que estos fondos fueron malversados como comisiones ilícitas, en lugar de ser utilizados para su propósito previsto", dice parte del fallo. – Rappler.com