Pobreza en América Latina y Caribe cede pero la desigualdad presiona sectores vulnerables: Cepal

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"En 2024 el 25.5% de la población regional estaba en situación de pobreza (monetaria), lo que supone una disminución de 2.2 puntos porcentuales respecto de 2023 y de más de siete puntos porcentuales en comparación con 20204, por lo que alcanzó la tasa más baja registrada desde que hay registro comparable", apuntó el organismo de Naciones Unidas.

Por su parte, la pobreza extrema llegó al 98% en 2024, 0.7 puntos porcentuales menos que en 2023.

"La fuente que más impacto tuvo en las variaciones de la pobreza en todos los países, tanto en su reducción como en su aumento, fue el ingreso por trabajo asalariado", dijo. 

En cuanto a la pobreza multidimensional, entre 2014 y 2024 se registró una caída del 34.4% al 20.9%, con la tendencia a la reducción interrumpida en 2020 debido a los efectos de la pandemia de Covid-19. 

La heterogeneidad entre países se mantiene con una pobreza multidimensional en Guatemala, Honduras y El Salvador superior al 50% al 2024, mientras que en Chile, Costa Rica y Uruguay afecta a menos del 6% de la población. 

"La mayoría de los países de América Latina y el Caribe enfrentan tres trampas del desarrollo que limitan la mejora del bienestar de su población: una de baja capacidad para crecer; otra de alta desigualdad, baja movilidad social y débil cohesión social, y una tercera de bajas capacidades institucionales y de gobernanza poco efectiva", señaló la Cepal. 

En la última década, la desigualdad de ingresos en la región es persistentemente más alta que la de los países de la OCDE. 

El organismo dijo que el índice de Gini promedio de América Latina y el Caribe es el más alto de todas las regiones del mundo, y solo inferior al África Subsahariana. En cuatro de los cinco países que más redujeron la desigualdad entre 2021 y 2024, la mayor parte del avance de las mejoras distributivas se explica principalmente por el mercado laboral, pero que aún tiene una estructura "profundamente desigual". 

"Aunque el aumento del nivel educativo debería traducirse en mayor participación, menor desocupación, mejores salarios y más acceso a empleos de calidad para todas las personas, esto no ocurre de manera equitativa, lo que afecta negativamente a grupos históricamente excluidos", dijo. 

En tanto, la informalidad laboral afecta a casi la mitad de las personas ocupadas, especialmente a las mujeres, personas jóvenes y personas trabajadoras de menores ingresos, lo que se traduce en la falta de cobertura legal y de acceso efectivo a la protección social.